Escucha la noticia El ex presidente Jair Bolsonaro no pierde el buen humor. Foto: Cuenta de Twitter de Jair Bolsonaro La Suprema Corte de Brasil votó por unanimidad esta semana iniciar juicio al ex presidente Jair Bolsonaro y otros siete altos cargos de su gobierno. La acusación se vincula al ataque por parte de partidarios de Bolsonaro contra el edificio del Congreso de Brasil tras las elecciones del 2023, al que califican como intento de Golpe de Estado. El ex presidente Bolsonaro ha dicho que es inocente de los cargos. “Jamás violé la Constitución”, afirmó, a la vez que acusó al presidente del órgano judicial, Alexandre de Moraes, de fraguar una historia falsa para poder incriminarlo. De Moraes es una figura muy peculiar, con un poder sin precedentes en casi nungún país democrático, y que ha tenido una cruzada bastante personal contra Bolsonaro, así como contra otras figuras enfrentadas a la izquierda como el magnate Elon Musk. En su comparecencia ante la prensa, Bolsonaro explicó que discutió con comandantes militares algunas “hipótesis” para instaurar un Estado de sitio, pero remarcó que eso no representa un delito. “Discutir dispositivos constitucionales no es crimen”, insistió. El exmandatario ha repetido que se presentará a las elecciones presidenciales del próximo año, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior Electoral de Brasil que le prohibió postularse a un cargo público hasta 2030 por sus intentos de desacreditar el sistema electoral del país. Bolsonaro alegó que estaba en su derecho de tener dudas y que todavía mantiene desconfianza en las urnas electrónicas utilizadas en las elecciones. La única esperanza para poder presentarse a la elección es que haya un indulto, cosa poco probable en el contexto de la enemistad entre Bolsonaro y el actual presidente Lula da Silva, pero para lo cual su bancada en el Congreso viene presionando de manera insistente. Pero para tener una mirada más clara de lo que pasa en la prinicipal potencia de América del Sur, consultamos a Magno Karl, del instituto Livres, que nos decía lo siguiente: “Existen tres acusaciones penales principales contra Bolsonaro y sus aliados: formación de una organización criminal; intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático; e intento de golpe de Estado. Entre los testimonios recopilados por la policía federal brasileña se encuentran dos particularmente perjudiciales: el del exjefe del Ejército y el exjefe de la Fuerza Aérea, ambos ascendidos a sus puestos de liderazgo por Bolsonaro. Estos declararon que fueron invitados a Palacio y que Bolsonaro les presentó un plan que eventualmente impediría la investidura del presidente electo Lula”. Magno nos explicaba que “se ha informado que el comandante del Ejército, al enterarse del plan de Bolsonaro, le dijo al entonces presidente que si repetía esa propuesta, tendría que arrestarlo en el acto. Uno de los asesores más cercanos de Bolsonaro durante su mandato confirmó los testimonios de los comandantes militares en su acuerdo con la justicia brasileña. A corto plazo, es probable que esta acusación intensifique la polarización política en Brasil. Los partidarios de Bolsonaro podrían considerar que los cargos tienen una motivación política, lo que podría provocar protestas y disturbios, pero lo considero improbable, al igual que era improbable que se produjeran disturbios cuando arrestaron a Lula (en realidad, no ocurrió nada)”. “A mediano plazo, el resultado de este juicio podría tener implicaciones significativas para el panorama político brasileño. Una condena podría inhabilitar a Bolsonaro para futuros cargos políticos y conllevar una pena de prisión considerable, lo que transformaría la dinámica de liderazgo dentro de la política de derecha en Brasil. También podría sentar un precedente sobre la rendición de cuentas de altos funcionarios, influyendo en la forma en que se manejan futuras acusaciones de mala conducta. Además, los procedimientos y el veredicto del juicio podrían afectar la reputación internacional de Brasil en cuanto a su compromiso con los procesos democráticos y la independencia judicial”. La ex presidenta Cristina Kirchner dice adiós a sus viajes a EE.UU.. Foto: Twitter Las últimas semanas de la ex presidenta argentina Cristina Kirchner fueron quizá las más duras de su larga carrera política. Una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta parece que no va a tardar en concretarse. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria contra el fallo que la condena, lo que achica el cerco a su alrededor y le deja apenas un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no fue todo. Unos días antes, el Departamento de Estado de Washington le prohibió a Cristina el ingreso a su territorio por considerarla partícipe de graves episodios de corrupción durante sus mandatos. Según el secretario de Estado Marcos Rubio, Fernández, así como también su ministro de Planificación, Julio de Vido, “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”. La sanción no sólo pesa sobre ellos, sino también sobre los familiares directos de ambos. El jerarca de la Casa Blanca aseguró que las medidas tomadas “reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los más altos niveles de gobierno”. La líder del peronismo se suma así una lista funcionarios y gobernantes, cuyos integrantes, en los que se cuenta los dictadores Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Raúl Castro, tienen prohibido el ingreso al país en el marco de una estrategia global para sancionar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. REACCIÓN. La reacción de Fernández no se hizo esperar. En su cuenta de X disparó contra Javier Milei y también contra Donald Trump. “Será por una cripto estafa” escribió, aludiendo al escándalo que generó el caso $Libra en Argentina y que involucró al presidente libertario. “Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos”, agregó. Respecto a Trump, Cristina escribió: “¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York?”, refiriendo a una causa judicial por la cual el mandatario estadounidense fue condenado por abusar a la escritora Jean Carroll. El presidente Milei, que no es manco para tuitear, se despachó con un posteo del todo irónico: “Che, Cristina. Fin”. Y acompañó el texto con una imagen del dictamen donde se ve la carátula de la declaración de Rubio contra la exmandataria argentina y un link que llevaba al texto original de la misma. Fernández reaccionó bloqueando Milei en la red. El “Che Cristina” responde al “Che Milei” que suele usar CFK al incio de sus críticas al mandatario en redes sociales. TRASFONDO. Cristina Fernández de Kirchner está acusada de haber liderado una organización creada para defraudar al Estado durante el período que abarca sus dos mandatos (2007-2011 y 2011-2015), en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. A través de la organización se procedía al amaño de contratos millonarios de obras viales en la sureña provincia de Santa Cruz. Obras que en su mayoría nunca fueron concluidas, eran innecesarias o bien presentaban costos muy por encima del valor de mercado. En total la acusación refiere a 51 licitaciones de obra pública en la citada provincia, de la cual su difunto marido, el ex presidente Néstor Kirchner, era oriundo. Fernández, además, tiene otras 9 causas abiertas en su contra. La campaña de cara a la segunda vuelta electoral en Ecuador tuvo su comienzo el pasado domingo con el esperado debate entre el actual mandatario Daniel Noboa, y la opositora Luisa González, representante de las fuerzas del ex presidente Rafael Correa. Se trata de una reeedición del balotaje que ya ocurrió hace dos años, cuando González llegaba como favorita, pero terminó perdiendo frente a un joven y poco conocido Noboa. El cruce de esta semana estuvo maracado por temas como la educación, la seguridad pública, y la dolarización, que adoptó Ecuador hace 25 años, y que según denunció el Presidente, la dirigente de izquierda querría revertir. Algo que en Ecuador genera fuerte polémica, ya que con esa medida se logró contener el drama eterno de la inflación en el país. De alguna forma, el panorama político hoy luce invertido a lo que ocurrió en la elección pasada, ya que Noboa venía como gran favorito en la primera vuelta, pero terminó en un virtual empate con la dirigente del correísmo. Sobre el tema de seguridad, que ha dominado la agenda pública en Ecuador en los últimos años, Noboa aseguró que los índices delictivos han ido a la baja durante su mandato. A lo que González respondió que el país ha tenido “el inicio del año más violento de la historia de Ecuador” y ofreció “mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia”. Sin ir más lejos, el pasado sábado, Noboa informó que un delegado de control electoral de su partido en el norte de la provincia costera de Manabí, fue asesinado en Canuto, el pueblo donde creció y vota la candidata correísta Luisa González. Pero para entender mejor lo que pasa en Ecuador, llamamos al abogado y director ejecutivo del centro Ciudadanía y Desarrollo de ese país, Mauricio Alarcón-Salvador, y le preguntamos cómo había visto el debate y la campaña en curso. “Lamentablemente lo que vimos la noche del domingo fue cualquier cosa menos un debate. Originalmente empezó bien, manejándose cifras, discutiéndose datos sobre el primer tema, que es educación. No obstante, a los pocos minutos de empezado el espacio, todo se convirtió en un ataque en doble vía. Obviamente hay fanáticos de un lado y del otro que hablan de ´ganamos, ganamos, ganamos´, pero lo cierto es que el gran perdedor es el país, que no pudo escuchar de ninguno de los dos candidatos propuestas concretas en temas tan importantes como el de la inseguridad, la crisis económica o la corrupción galopante”. ¿Y cómo está palpitando el pueblo ecuatoriano esta campaña? “Se está viviendo con mucha polarización y con mucho ataque por parte de los equipos, más que de los propios candidatos, te diría con poco entusiasmo por parte de la ciudadanía, con mucho desgaste, con bajas expectativas y simplemente esperando a ver qué pasa. Yo creo que con la forma en la que nuestra sociedad está partida difícilmente se puede llevar una campaña política como corresponde, entonces en lugar de hablar de entusiasmo, de fiesta democrática, te diría que podría yo hablar de mucha agresividad, mucha polarización mucha desinformación y eso no le sienta bien definitivamente a una democracia tan frágil como la ecuatoriana”. El ex presidente panameño Martinelli junto al dictador Daniel Ortega Tras varios meses asilado en la embajada de Nicaragua, acosado por denuncias de corrupción, el ex presidente panameño Ricardo Martinelli recibió un salvoconducto para exiliarse en el vecino país centroamericano. El Gobierno de ese país autorizó la medida que estará vigente desde este jueves 27 de marzo hasta la medianoche del 31 de marzo de 2025. Martinelli, que dirigió al país entre 2009 y 2014, se encuentra asilado desde el 7 de febrero de 2024 en la embajada nicaragüense tras ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de dinero. Desde allí, el exmandatario ha interpuesto una serie de demandas contra el fallo de la Justicia panameña. Martinelli había denunciado en sus redes sociales que agentes de la unidad “antiterrorismo” de Panamá habían llegado hasta la sede diplomática de Nicaragua por razones que aseguró desconocer. El exjefe de Estado panameño relató: “Están allá afuera, yo no sé si quieren asaltar la embajada, yo no sé si me quieren hacer algo indebido y desconozco las razones”. El permiso temporal fue aprobado bajo el Gobierno del actual presidente, José Raúl Mulino, quien llegó a dirigir el país con el apoyo de Martinelli luego de que este le delegara su candidatura presidencial tras ser inhabilitado por su caso de blanqueo. CONTEXTO. El episodio en torno al ex presidente Martinelli había conmocionado al país en plena campaña electoral pasada, pero había quedado algo oculto en medio de la polémica entre el actual gobierno panameño y Estados Unidos por el control del Canal de Panamá. El actual mandatario Mulino, viene timoneando una tormenta inesperada, ante la presión de Donald Trump para cortar lazos con China, y conceder nuevas ventajas a su país, que fue quien construyó el Canal. Más allá de que las acusaciones contra Martinelli no parecen tener vinculación con la otra crisis, el poner fin a esta situación incómoda, parece un alivio para Mulino. Aunque también deja en evidencia cierta contradicción del ex presidente, que terminará asilado en una dictadura feroz, como es la de Nicaragua. El ex presidente Morales muestra sus dotes para el baile. Foto: Twitter Evo Morales tiene un orden de captura en su contra desde octubre de 2024. La emitió Fiscalía por un caso de trata agravada de personas. En enero de este año la acusación fue ratificada por un juez, quien lo declaró en “rebeldía” por no presentarse en dos ocasiones a las audiencias que fue citado. Todos saben dónde se encuentra pero no le pueden echar mano. En su bastión político y sindical del Trópico de Cochabamba, resiste a la ley rodeado por una guardia de seguridad compuesta por campesinos y cocaleros y reforzada por un grupo de jóvenes de al menos 15 países, que llegaron para acompañar al ex mandatario. Son parte del llamado Comité Internacional de Defensa y Solidaridad” con Evo Morales y están allí, según declaró una estudiante argentina que forma parte de la agrupación, “por convicción y lealtad” con el líder socialista. La diputada Pamela Terrazas, afín a Morales, informó en el programa de radio Kawsachun Coca, que “Están llegando de a poco, son muchos países que se van a sumar, incluso van a llegar de África” para sumarse a las vigilias de protección del líder cocalero y evitar que se lo lleven y le exijan pagar sus cuentas con la Justicia. Este fin de semana, en un allanamiento que se realizó en un hospedaje de la zona, fueron detenidos 17 colombianos indocumentados presuntamente vinculados a la custodia de Morales. “Esto pone en entredicho la soberanía boliviana”, sostuvo el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera. El jerarca aseguró asímismo que Evo y sus allegados instalaron, hace varios meses, tres anillos de seguridad en la localidad de Lauca. El primero fue calificado como un “fortín”, un reducto de 9 cuadras a la redonda de la radio donde transmite Morales, al se impide el ingreso de efectivos militares y policiales. Pero Morales y los suyos sostienen que el proceso en su contra no es otra cosa que una operación política con el objetivo de sacarlo de la carrera presidencial de cara a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el próximo 17 de agosto. TRASFONDO. El ex presidente Evo Morales Ayma enfrenta una orden de aprehensión resultante de una investigación que lo acusa de trata de personas. Presuntamente el líder cocalero violó y dejó embarazada a una menor de edad en 2016, cuando encabezaba el gobierno boliviano. Por este caso, y tras no haberse presentado ante la justicia en dos ocasiones, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía, dictó su arraigo, la anotación de sus bienes y emitió una orden de captura. Además, la secretaria de Género de la Alcaldía de Cochabamba, presentó otras cinco denuncias en su contra por los delitos de trata de personas y violación. También le abrieron una causa penal en Argentina por cargos similares. Entretanto, Morales mantiene una encarnizada batalla con su ex aliado, el actual Presidente de la República Luis Arce Catacora. Ambos son las principales figuras del Movimiento al Socialismo (MAS), y es el liderazgo dentro de este partido y la consecuente postulación a la presidencia para las elecciones del año próximo el motivo del enfrentamiento. Morales quiere volver al poder. Y Arce pretende ser reelecto. El primero acusa al segundo de usar los poderes Judicial y Electoral para bloquear su candidatura y aseguró que Arce está “desesperado” y “confundido”. Desde el otro lado, afirma que Evo busca provocar violencia y desestabilidad en el país para precipitar su renuncia y quedarse con el poder. Nota publicada originalmente en Mirada Sur Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin AmericaRodrigo Caballero, editor *La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo Cuentanos si te gustó la nota
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